Estos días muchas voces acreditadas se posicionan en contra de las intenciones del gobierno de aprobar en el Congreso, aprovechando la excepcionalidad que confiere el estado de alarma, su proyecto de ley educativa, la LOMLOE. En concreto, el colectivo de familias con hijos con discapacidad centra sus críticas en la «disposición adicional cuarta”, una parte que alude a la intención de cerrar los centros de educación especial que actualmente existen en España. Esta decisión dejaría desamparados a los niños con discapacidad, que requieren de cuidados específicos durante su etapa escolar. Esta labor tiene que ser desarrollada necesariamente por personal docente especializado, y no por profesorado sin capacitación específica. Sólo así se asegura el pleno desarrollo de los niños con discapacidad durante su ciclo educativo. Por tanto el cierre de los centros de educación especial ocasionaría daños irreparables en el desarrollo de estos niños.
El texto de la ley hace referencia a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que sean ellos, en el plazo de diez años, los que se responsabilicen de la atención a los alumnos con discapacidad, mientras que la misión de los centros de educación especial se limitaría a acoger a los alumnos que presenten discapacidades muy graves.
Para intentar evitar el cierre de los centros de educación especial, miles de padres se han organizado en una plataforma denominada “Educación inclusiva, sí. Especial, también” , que ya ha presentado al gobierno más de 300.000 firmas con el objetivo de mostrar su desacuerdo, además de tener convocadas varias manifestaciones, que lógicamente no han podido celebrarse debido al confinamiento derivado del estado de alarma.
Las plataformas de padres de niños con discapacidad se unen para evitar el cierre de los centros de educación especial
Si la ministra de Educación asegura que no se va a cerrar ningún centro de educación especial, ¿por qué entonces las plataformas de padres de niños con necesidades especiales están tan preocupadas? La polémica se remonta a años atrás. Según el periódico El Confidencial, la organización CERMI, (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) lleva años proponiendo que España siga el ejemplo de otros países, que han puesto en marcha una legislación que obliga a escolarizar a todos los niños, con y sin discapacidad, en los mismos centros educativos. La base de esta iniciativa reside en la idea de que la separación de los menores con discapacidad atenta contra sus derechos y es un obstáculo para la igualdad. En este nuevo escenario, los colegios deberían contar en sus equipos con personal cualificado, que debería atender las necesidades de los niños con discapacidad tanto dentro como fuera de las aulas. A todas luces, no se trata de segregación, sino de garantizar a los niños con discapacidad los cuidados y la atención que necesitan para desarrollarse.
Para defender esta idea miles de padres de niños con discapacidad decidieron crear la plataforma “Educación inclusiva, sí. Especial, también” con el objetivo de frenar el avance de esta ley y que no acabara siendo aprobada por el gobierno.
Los padres aseguran que es imposible que la escuela ordinaria pueda atender las necesidades de muchos niños con discapacidad y que la inmensa mayoría de los niños con discapacidad requieren una atención personalizada que únicamente pueden ofrecer los centros de educación especial.
Los padres de niños con discapacidad afirman que muchas experiencias anteriores demuestran que delegar el cuidado de los niños con discapacidad únicamente en la escuela ordinaria nunca ha funcionado y que se cometería un gravísimo error que pagarían muy caro los niños con discapacidad y sus familias. Los padres se refieren a numerosos casos documentados en los que muchos padres que, con la mejor de las intenciones, siguieron los consejos de CERMI y matricularon a sus hijos con discapacidad en colegios ordinarios, hoy se arrepienten profundamente. Estos padres afirman tras su experiencia que han perdido un tiempo precioso, un tiempo absolutamente esencial en la atención temprana, y la mayoría de ellos han vuelto a ingresar a sus hijos en centros de educación especial.
La tramitación a escondidas de la nueva ley de educación durante la pandemia de coronavirus
La situación se ha agravado con la aparición del coronavirus. En plena pandemia la actividad parlamentaria se ha ralentizado, pero el gobierno, pese a la situación de excepcionalidad, ha decidido seguir adelante con la tramitación de la nueva ley de educación. De cualquier forma, el estado de alarma no parece el marco más adecuado para favorecer el debate social ni para que se escuchen todas las voces implicadas en un tema que resulta de vital importancia para numerosas familias españolas.
Para la plataforma “Educación inclusiva, sí. Especial, también”, si esta ley acaba siendo aprobada, supondrá el fin de los centros de educación especial y muchos niños con necesidades especiales podrían dejar de recibir la atención adecuada.
Desde Vivva queremos apoyar a las plataformas de padres que luchan contras el cierre de los centros de educación especial y pedimos al gobierno que reconsidere su propuesta de ley por el bien de los niños con discapacidad.
Juan Lozano
Convencido de que el único modelo posible de colaboración en nuestra sociedad es aquel que busca un equilibrio para que todas las personas cubran sus propias necesidades, en contra del modelo de la competencia y la obsesión por ganar dinero sin importar cómo se gana. En el año 2007 fundó junto con otros amigos y empresarios el Centro Especial de Empleo Vivva.
