En Vivva Centro Especial de Empleo estamos observando con preocupación la tramitación del Proyecto de Ley Integral de impulso de la Economía Social, especialmente por su impacto potencial sobre los Centros Especiales de Empleo (CEE) y sobre miles de personas con discapacidad. Si bien la ley se plantea como una herramienta de impulso para la economía social, algunas de sus disposiciones podrían tener efectos contraproducentes, debilitando la inclusión laboral en lugar de reforzarla. Este artículo analiza los principales riesgos que hemos identificado, por qué son relevantes, y qué urgencias de corrección se deberían abordar.
¿Qué es la Ley Integral de impulso de la Economía Social?
El nuevo proyecto de ley busca actualizar el marco legal español para las entidades de economía social, integrando, adaptando y modificando leyes anteriores (como la Ley de Economía Social de 2011, la Ley de Cooperativas y la de Empresas de Inserción). Se propone establecer criterios, principios y valores claros para las entidades que quieran acogerse al nuevo paraguas jurídico.
Entre los objetivos declarados están fomentar empleo inclusivo, fortalecer la estabilidad y sostenibilidad de estas entidades, y aprovechar la economía social como palanca para combatir desigualdades y favorecer colectivos vulnerables.
Principales riesgos para los CEE y las personas con discapacidad
A pesar de las buenas intenciones, hay aspectos del proyecto de ley que podrían representar amenazas graves para los Centros Especiales de Empleo y para quienes se benefician de ellos:
1. Exclusión jurídica bajo el nuevo artículo 5.1
Una de las modificaciones más polémicas es la del artículo 5.1 de la Ley de Economía Social. Bajo la redacción propuesta, 1.655 CEE que no tienen la calificación de “iniciativa social” quedarían al margen del paraguas jurídico de la economía social.
Estas entidades emplean aproximadamente 60.000 personas con discapacidad. Si pierden su reconocimiento como entidades de economía social, podrían también perder los beneficios asociados, subvenciones, apoyos especiales, e incluso su viabilidad operativa.
2. Menos protección y menos incentivos económicos
Los Centros Especiales de Empleo actualmente disfrutan de un marco que reconoce su función social especial, con incentivos fiscales, subvenciones y reconocimiento legal que les permite ofrecer empleo adaptado, condiciones especiales, apoyos formativos y acompañamiento.
El proyecto de ley, tal como se ha redactado hasta ahora, podría disminuir o eliminar algunos de estos beneficios para aquellas entidades que no cumplan ciertos nuevos requisitos (como la marca de “iniciativa social”), sin quedar claro si existirán transiciones o cláusulas de garantía para evitar que se quede gente atrás.
3. Vulnerabilidad de los colectivos más gravemente afectados
Dentro del mundo de la discapacidad, hay personas que tienen mayor dificultad para acceder al empleo ordinario: aquellas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, discapacidad física severa, etc. Muchos de estos trabajadores dependen de los Centros Especiales de Empleo para tener empleos adaptados, estabilidad, formación y apoyo continuo.
Si los Centros Especiales de Empleo pierden el reconocimiento, o se ven obligados a reducir plantilla o cerrar algunos servicios (por inviabilidad económica), estos colectivos serían los primeros en quedar excluidos. La alternativa – el mercado laboral ordinario – no tiene (en muchos casos) los apoyos estructurales para absorberlos adecuadamente.
4. Incertidumbre y transición mal planificada
Cualquier reforma normativa importante genera incertidumbre. En este caso, la ley no parece contemplar suficientemente los períodos de adaptación para los Centros Especiales de Empleo que puedan quedar afectados. Sin garantías claras sobre cómo se implementarán los nuevos criterios, ni sobre cómo se mantendrán los apoyos, muchas entidades podrían enfrentarse a situaciones críticas de viabilidad (recortes, despidos, cierre).
¿Qué dicen quienes defienden la ley?
Es importante reconocer que no todo son señales de alarma. Organizaciones como CEPES (Confederación Empresarial de Economía Social) defienden que la nueva ley será transformadora, fortalecedora, y servirá para afianzar el empleo inclusivo.
Por su parte, desde la Secretaría de Estado de Economía Social se ha asegurado que los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial no se verán perjudicados, siempre que cumplan con los valores y principios que la ley exige.
También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que el apoyo normativo debe evitar generar distorsiones de mercado, y ha sugerido que algunas obligaciones (como la de tener domicilio social en España) se reformulen, dándoles mayor flexibilidad.
Medidas urgentes que proponemos desde Vivva
Para que la nueva Ley de impulso de la Economía Social cumpla con su propósito de inclusión y no se convierta en una barrera, proponemos algunas correcciones urgentes:
- Garantizar que todos los Centros Especiales de Empleo que hoy funcionan como tales sigan siendo reconocidos, incluso si no han sido etiquetados como “iniciativa social”. Es necesario mantener incentivos sin fecha de caducidad, para que los Centros Especiales de Empleo puedan soportar entre otros, los altos costes de estructura que necesitan para su funcionamiento y a los que están obligados para no perder la calificación como Centro Especial de Empleo (CEE).
- Mantener los incentivos fiscales, subvenciones y apoyos presentes para los Centros Especiales de Empleo, asegurando que no se pierdan en la transición normativa, y que se disponga de financiación suficiente para no reducir servicios ni empleo.
- Claridad normativa: definir con precisión los criterios de “iniciativa social” u otros conceptos nuevos frente a los existentes, para evitar interpretaciones adversas o pérdida de derechos.
- Transparencia y participación: que las entidades más afectadas (como los Centros Especiales de Empleo, asociaciones representantes de personas con discapacidad, etc.) participen activamente en la redacción de las enmiendas o modificaciones, para asegurar que la nueva ley realmente responde a sus necesidades.
- Protección específica para colectivos con mayores dificultades: asegurando apoyos adicionales para personas con discapacidad severa, enfermedad mental, discapacidad intelectual, etc., para que no queden marginados.
El nuevo proyecto de Ley Integral de impulso a la Economía Social tiene en su horizonte muchas metas loables: empleo, inclusión, sostenibilidad, justicia social. Pero sin un diseño legislativo cuidadoso, sin transiciones claras y sin garantías reales para los Centros Especiales de Empleo y las personas con discapacidad, corre el riesgo de convertirse en un paso atrás. En Vivva Centro Especial de Empleo creemos firmemente que la política pública debe proteger, no poner en peligro, los derechos y los empleos de quienes más lo necesitan.
Por ello, hacemos un llamamiento: que esta ley sea verdaderamente social, que reconozca la diversidad de realidades del sector, que blinde los empleos ya existentes, y que asegure que nadie quede excluido por las palabras de una norma. Solo así podrá cumplir con su promesa de inclusión real.
