Un Centro Especial de Empleo es una empresa cuya actividad se centra en proporcionar trabajo productivo y remunerado a trabajadores con discapacidad.
Los Centros Especiales de Empleo pueden haber sido fundados por las Administraciones Públicas – en solitario o en colaboración con otros organismos – o por empresas privadas con o sin ánimo de lucro. En este segundo caso, las empresas deben cumplir una serie de requisitos que les permitan obtener la acreditación necesaria que conceden las Comunidades Autónomas. Entre esos requisitos destacan:
Al menos el 70% de su plantilla debe estar constituida por trabajadores discapacitados con un grado de discapacidad superior al 33%
Su finalidad principal debe ser asegurar un trabajo remunerado a todos sus empleados, así como promover su integración en el mercado laboral
Desde un punto de vista mercantil, los Centros Especiales de Empleo pueden ser sociedades, asociaciones, personas jurídicas, fundaciones o comunidades de bienes.
Es importante reseñar que los Centros Especiales de Empleo no solo deben dar trabajo a personas con discapacidad, sino que también deben ofrecerles una serie de servicios que faciliten su integración laboral. A estos servicios se les denomina “servicios de ajuste personal y social” y su regulación está descrita en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. En dicho texto puede leerse: “Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva”. Para ofrecer estos servicios, las empresas necesitan contar con los recursos humanos y las instalaciones adecuadas.
Los primeros Centros Especiales de Empleo nacieron en 1982 como consecuencia de la aplicación de la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI), cuyo objetivo era ofrecer empleo a personas con discapacidad.
Mediante la contratación de servicios con Centros Especiales de Empleo, las empresas ordinarias y las Administraciones pueden cumplir la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI) solicitando previamente el denominado Certificado de Excepcionalidad.
Los empresarios que deseen crear un Centro Especial de Empleo pueden solicitar subvenciones y ayudas al Estado. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar las partidas presupuestarias destinadas a este efecto.
En conclusión, los Centros Especiales de Empleo son un importante motor para la economía y contribuyen decisivamente a la integración laboral de las personas con discapacidad.
