El debate en torno a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es un tema complejo que abarca múltiples perspectivas y numerosos puntos de vista. Uno de los ámbitos afectados por esta medida es el de los Centros Especiales de Empleo, entidades diseñadas para la integración laboral de personas con discapacidad. Aunque la intención detrás del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, en el caso de los Centros Especiales de Empleo, esta decisión puede tener consecuencias negativas que deben ser cuidadosamente consideradas.
La subida del salario mínimo interprofesional es un desafío para los Centros Especiales de Empleo
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) significa una carga financiera adicional para los Centros Especiales de Empleo, que a menudo operan con presupuestos ajustados. Estos centros se enfrentan a la dificultad de cumplir con las nuevas obligaciones salariales sin comprometer su capacidad para ofrecer empleo a personas con discapacidad. El aumento de los costes laborales puede poner en riesgo la viabilidad económica de estos centros, limitando así su capacidad para cumplir su misión social.
Esta subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto que desde 2018 hasta 2024 (el índice de referencia para el pago a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo, así como también en convenios como el de la Lavandería) haya aumentado en total nada menos que un 54%.
Riesgo de reducción de empleo para las personas con discapacidad
Evidentemente la subida del salario mínimo interprofesional tiene un impacto en casi todas las empresas, pero en el caso de los Centros Especiales de Empleo es especialmente grave, ya que en la mayoría de las empresas los trabajadores reciben una remuneración superior al salario mínimo interprofesional, mientras que en los Centros Especiales de Empleo la mayoría de los trabajadores con discapacidad perciben el salario mínimo interprofesional.
Los Centros Especiales de Empleo son empresas de servicios que operan en sectores como lavandería, limpieza, jardinería o manipulación, y cuentan en sus plantillas con un alto porcentaje de trabajadores con discapacidad. Por sus características, en los Centros Especiales de Empleo el 80% de sus gastos generales son costes de personal. Eso significa que, con la subida del salario mínimo interprofesional, los costes de personal han subido un 54%. Esta subida es imposible repercutirla a sus clientes, que no suelen aceptar subidas superiores al IPC.
La presión financiera derivada de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) podría llevar a los Centros Especiales de Empleo a tomar medidas para reducir costes, incluida la posibilidad de disminuir la contratación de personas con discapacidad. Esto sería paradójico, ya que el propósito de estos centros es precisamente proporcionar oportunidades laborales que fomenten la inclusión social. Si los Centros Especiales de Empleo se ven obligados a limitar su personal, las personas con discapacidad podrían enfrentarse a mayores obstáculos para acceder al mercado laboral.
Impacto en la competitividad de los Centros Especiales de Empleo
Los Centros Especiales de Empleo compiten en el mercado laboral, y el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) puede afectar su capacidad para competir con otras empresas convencionales. La necesidad de ajustarse a los nuevos costos salariales podría hacer que los servicios ofrecidos por los Centros Especiales de Empleo resulten menos atractivos para los empleadores, reduciendo así las oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
Esta pérdida de competitividad puede desembocar en la reducción de la contratación de trabajadores con discapacidad e incluso en despidos o no renovaciones.
Necesidad de apoyo y flexibilidad
Muchas personas con discapacidad requieren apoyo adicional o ajustes en el entorno laboral para alcanzar su máximo potencial. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) podría limitar la capacidad de los Centros Especiales de Empleo para proporcionar este necesario apoyo, ya que los recursos disponibles se destinan cada vez más a cumplir con los requisitos salariales más altos.
Algunos Centros Especiales de Empleo recurren a llevar contra la subvención recibida de su Comunidad Autónoma el coste adicional derivado de la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo la concesión de subvenciones no está asegurada y cuando se conceden no se conoce con antelación ni la cuantía ni la fecha de recepción, por lo que esa inestabilidad afecta tanto a la rentabilidad como la tesorería a corto plazo de los Centros Especiales de Empleo.
Por estas razones si no se destinan ayudas adicionales a los Centros Especiales de Empleo y se agiliza a su vez la presentación de la documentación necesaria para la obtención de las ayudas, asistiremos a una notable disminución de la contratación de personas con discapacidad. Incluso algunos Centros Especiales de Empleo se verán abocados al cierre.
En conclusión, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), si bien busca mejorar las condiciones laborales, plantea desafíos significativos para los Centros Especiales de Empleo. Es crucial que las autoridades consideren medidas complementarias o ajustes específicos para mitigar los posibles efectos negativos y garantizar que los Centros Especiales de Empleo puedan continuar desempeñando un papel vital en la integración laboral de las personas con discapacidad.
Vivva es un Centro Especial de Empleo fundado hace más de 10 años que une a empresas con profesionales con discapacidad. Desde Vivva perseguimos dos objetivos: por un lado, orientar, formar y ayudar a buscar empleo a profesionales con discapacidad; y por otro lado, asesoramos a las empresas para que cumplan la Ley General de Discapacidad. Ponte en contacto con nosotros.
